La opacidad y negligencia en el fincamiento de las responsabilidades públicas.

Por Rogelio Aguilar Cruz. 25 de abril del 2017.

  1. Introducción al tema

Rousseau decía que el pueblo es soberano en el momento de la votación y deja de serlo al día siguiente; esa idea ha amenazado y sigue poniendo en entredicho  a los sistemas políticos del mundo. Sin embargo, también es cierto que existen modelos y sistemas de gobierno que han tratado de desmoronar ese aire universal. El modelo más efectivo y de mejor gobernanza, que han adoptado los países democráticos y con un alto grado de desarrollo, es la rendición de cuentas. La fiscalización de los gobiernos debe ser ininterrumpida, con controles burocráticos, políticos, sociales y más recientemente, mediante la transparencia y la evaluación de los resultados de las políticas gubernamentales. Ahora bien,  para que exista la rendición de cuentas, debe necesariamente que existir, la responsabilidad.

El término “responsabilidad”, tiene un significado distinto al que se le da en la vida ordinaria. En efecto, este vocablo, se usa comúnmente en el discurso moral y religioso, para invocar una obligación que se tiene, mientras que en el jurídico se utiliza para señalar la consecuencia que tiene una conducta ilícita, la cual no puede ser otra que la sanción (García, 2012).

  1. Contexto del concepto (teórico y legal).

Para Adam Wolf[1], en sentido estricto, la responsabilidad es “la capacidad de rendir cuentas.” Oscar Oslak, -especialista en temas de Administración Pública-, quien hace la distinción entre responsabilidad, responsabilización y respondibilidad, es quien más debate este tema. No es mi intención, inclinarme hacia uno u otro concepto, pero para fines del caso, abordaré su concepto sobre responsabilización, que es la tesis que impera en el caso mexicano. Para este autor, el concepto significa “la acción y efecto de rendir cuenta, por parte de un agente, respecto a los resultados de la responsabilidad asumida (metas logradas, productos entregados, recursos empleados), en función de un acuerdo implícito o formalizado”. Ahora bien, el contexto legal, hace referencia a un sujeto como responsable, por ello el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, señala como sujetos de responsabilidad “a los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 Constitucional[2] y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales. La Local de Chiapas en su artículo 2, establece que: “Son sujetos a la aplicación de esta Ley ( Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos en el Estado), toda persona que desempeñe o haya desempeñado un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o municipal, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial del Estado, en los órganos autónomos previstos en la Constitución Política del Estado de Chiapas y en la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como todas aquellas que manejen o apliquen recursos públicos.

  • Las Responsabilidades en México

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, clasifica cuatros tipos de responsabilidades de los servidores públicos, por las que pueden ser sancionados: política, penal, administrativa y civil. Sin embargo, es preciso mencionar que la clasificación anteriormente descrita, no le es aplicable a todos los servidores públicos, toda vez que depende del nivel dentro de la jerarquía, de la estructura y del grado de responsabilidad.

Así tenemos, que la responsabilidad política para ciertas categorías de servidores públicos de alto rango, por la comisión de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. La responsabilidad penal para los servidores públicos que incurran en delito. La responsabilidad administrativa, para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública y finalmente la civil, para los servidores públicos que con su actuación ilícita, causen daños patrimoniales.

Para materializar una sanción, derivada de una responsabilidad, ya sea política, penal, administrativa o civil, el artículo 109 de la Constitución Política Federal, establece el procedimiento, órganos, supuestos y tipos de sanciones. De este Título denominado “De las responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, y Patrimonial del Estado”,  se encuentran en los artículos 108 al 114 de la Carta Fundamental.

Con ello, se pretende evidenciar que existen los cauces, las formas, los procedimientos, los órganos y los supuestos para fincar las responsabilidades públicas, en caso que un servidor, materialice una conducta encuadrada en la norma, como indebida.

Sin embargo, una pregunta obligada puede encerrar el presente artículo ¿ Se sanciona con frecuencia a los servidores públicos en México ?

  1. La opacidad.

Resulta inaudito abordar la negligencia de quienes en su momento, tienen la facultad y el deber de dar seguimiento a los procedimientos correspondientes, derivado de una responsabilidad pública.

En el terreno de la responsabilidad política, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, de esta legislatura federal, a inicios de año, desechó 109 casos de 364 que tiene en lista de juicios políticos. Es decir, el órgano correspondiente, desechó dichos procedimientos porque el tiempo para el procedimiento de juicio político había prescrito. Es decir, ya no se encontraba en el tiempo que la ley establece para poder realizar dicho procedimiento. Pero además, en el pasado reciente, no se cuenta con registro oficial, sobre la destitución o sanción vía juicio político, a algún servidor público, resuelto en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En el terreno de la responsabilidad penal, pero en lo que respecta a los servidores públicos que gozan de “fuero” del orden federal, la opacidad es alarmante. Según nota publicada en el Diario la razón, del año pasado, la historia de México registra “únicamente” ocho casos de desafuero que han sido documentados por distintas circunstancias.

En el terreno de la responsabilidad administrativa, la Secretaría de la Función Pública Federal, en su 4º. Informe del 2016, informó que en un año se registraron 8974 sanciones administrativas, en las que estuvieron involucrados 7,461 servidores públicos de la administración pública federal. De este número, 2308 fueron inhabilitados, 2310 suspensiones, 349 destituciones, 3400 amonestaciones, entre públicas y privadas, además de 607 sanciones económicas que corresponden a un monto superior a los 1,189 millones de pesos. Las principales causas de las sanciones impuestas, han sido el incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial, la negligencia administrativa, la violación a las leyes y normatividad presupuestaria, el abuso de autoridad, la violación en los procedimientos de contratación, así como el cohecho y extorsión.

  1. Conclusiones

Se encuentra documentado que en México, la corrupción y la impunidad, son de los dos grandes problemas que debilitan el sistema democrático, pero el de la impunidad se relaciona directamente con nuestro tema. Cuando la responsabilidad no va acompañada de la instauración de un procedimiento; cuando el procedimiento no concluye en una determinación sancionatoria, cuando una sanción no es eficaz, entonces estamos en presencia de un acto impune. Y es precisamente de esa “inimputabilidad”, que surgen los funcionarios de mayor rango, senadores, diputados federales, los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, entre otros, quienes según los datos arriba citados, no son llamados a cuentas, ni por la vía de juicio político, mucho menos por la vía penal ( Declaratorias de Procedencia ).

Si le sumamos a ello, aún en funcionarios de menor rango, las sanciones administrativas que prevalecen en un grado alto, son las amonestaciones públicas y privadas, como lo registra la Secretaría de la Función Federal, en su informe, un 45% de las sanciones, fueron de este tipo; lo que deja entredicho la falta de rigor y severidad al momento de mostrar el carácter coercitivo de la norma.

Sostengo que mientras la sanción no sea exigible, coercitiva y determinante, la responsabilidad será solo un “mejoralito” en nuestro ya decadente modelo mexicano.

Fuentes de Consulta.

  1. Consejo Científico del CLAD. La Responsabilización en la Nueva Gestión Pública Latinoamericana. Primera ed., EUDEBA, Buenos Aires, 2000.
  1. Enrique, L.E. Derecho Municipal para Servidores Públicos. Primera ed. IAP, México, 2012.
  1. Flores, J.M. El desafuero en México, sólo 8 en su historia. Consultado el  24 de abril del 2017, en http./www.razon.com.mx/spip.php?article310585

[1] Fue Presidente del Comité de Gestión Pública de la OCDE.

[2] Alude a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorgue autonomía.